Legislación

¿De dónde procede la condición de «traductor jurado»?

En Türkiye no existe una ley profesional que regule por sí sola el ejercicio de la traducción. La condición de traductor jurado nace del artículo 96 del Reglamento de la Ley del Notariado: el notario se forma convicción, a partir del título académico u otros documentos, de que la persona que va a traducir conoce correctamente el idioma en cuestión; a continuación toma juramento al traductor y levanta un acta de juramento. En el acta constan la identidad, el domicilio, el nivel de estudios y los idiomas del traductor, y se conserva en un expediente específico de la notaría. El reglamento es explícito: el notario no puede encargar una traducción a quien no tenga acta de juramento en ese expediente.

La consecuencia práctica es esta: la facultad del traductor jurado no es de ámbito nacional, sino que está vinculada a la notaría ante la que prestó juramento. Su solicitud de «traducción jurada» se atiende a través de la notaría en la que el traductor está inscrito.

¿Qué añade la legalización notarial a una traducción?

Según el artículo 103 de la Ley del Notariado, cuando se traduce de un idioma a otro el notario extiende una diligencia al pie del texto. Si el notario ha recurrido a un traductor jurado, esa diligencia debe recoger la identidad y el domicilio del traductor, y ha de ir fechada, firmada y sellada por el notario. Es decir, el notario no da fe de la corrección lingüística de la traducción, sino de quién la ha hecho y de que esa persona está juramentada.

El artículo 104 de la Ley dispone que, cuando no sea posible hacer la traducción en el lugar donde se encuentra el interesado, el trámite podrá realizarse, por medio de esa notaría, en una notaría de otra localidad. Este es el fundamento legal de los procesos que se desarrollan a distancia.

¿Cuándo entra en juego la apostilla?

Türkiye se adhirió, mediante la Ley n.º 3028, al «Convenio por el que se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros», de 5 de octubre de 1961; el texto del convenio se publicó en el Resmî Gazete de 16.09.1984. Entre los países parte del convenio, la colocación de la apostilla en el documento sustituye a la cadena de legalización consular.

Si el país de destino del documento no es parte del convenio, en lugar de la apostilla se requiere la legalización consular. La vía que debe seguirse la determinan el tipo de documento y el organismo al que se va a presentar; conviene confirmarlo con dicho organismo antes de iniciar el trámite.

La traducción en procedimientos judiciales y trámites oficiales

El artículo 202 del Código de Procedimiento Penal turco prevé que, cuando el acusado o la víctima no sepan turco lo suficiente para expresarse, el tribunal designe un intérprete; la misma regla rige para el sospechoso, la víctima y los testigos oídos en la fase de instrucción. Estos intérpretes se seleccionan de las listas que llevan las comisiones judiciales de la jurisdicción ordinaria, cuyo procedimiento se regula en un reglamento aparte. En el proceso civil, el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil turco dispone que el testigo que no sepa turco será oído con intérprete.

Para que una resolución dictada por un tribunal extranjero produzca efectos en Türkiye, el artículo 53 de la MÖHUK enumera los documentos exigidos: el original o una copia debidamente autenticada de la resolución, el documento que acredite su firmeza y la traducción certificada de ambos.

Tasas, derechos del consumidor y datos personales

Las tasas notariales y consulares se basan en la Ley de Tasas n.º 492. Estos conceptos se abonan al Estado y se calculan aparte del precio de la traducción; las tarifas se actualizan cada año.

Los pedidos que realiza por internet están sujetos al artículo 48 de la Ley n.º 6502 y al Reglamento de Contratos a Distancia. El artículo 5 de dicho reglamento enumera la información que se le debe facilitar antes del pedido. Las excepciones al derecho de desistimiento figuran en el artículo 15: dado que la traducción es un servicio, aquí el criterio no es la «producción a medida del cliente», sino el art. 15/1-h – los servicios cuya ejecución se inicia, con el consentimiento del consumidor, antes de que finalice el plazo de desistimiento. Por eso, una vez comenzado el trabajo de traducción con su aprobación, las condiciones de cancelación cambian. Para más detalle puede consultar nuestra página Política de Reembolso y Cancelación.

Los documentos objeto de traducción contienen a menudo datos de identidad, de estudios, de salud o de antecedentes penales; parte de ellos son datos personales de categoría especial en el sentido de la Ley n.º 6698. Explicamos cómo tratamos sus documentos en la página Política de Privacidad (KVKK).